Por Agustín Laje Arrigoni
La idea-fuerza setentista más ampliamente difundida, y acatada a modo de dogma por el grueso de la sociedad, parece estar dando un giro de ciento ochenta grados, a raíz de las tan recientes como inesperadas declaraciones de la ex integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), Graciela Fernández Meijide, quien desató la polémica desmintiendo el mito de los 30.000 desaparecidos, en un conocido periódico de nuestro país.
Vale destacar que el peso específico del embuste de marras es de tal envergadura que, además de constituirse en el principal caballito de batalla de las autoproclamadas organizaciones de derechos humanos (que, en rigor, sólo bregan por los guerrilleros caídos y no por sus víctimas), se ha institucionalizado y es difundido por centros educativos, discursos oficiales, medios de comunicación (tanto estatales como privados) y hasta en alegatos jurídicos.
Quizás esto último explique el nerviosismo evidente de los ideólogos del revanchismo setentista, luego de hacerse públicas las palabras de Fernández Meijide. En efecto, sin perder ni un momento, salieron a la palestra a intentar sostener algo que los documentos no prueban: la existencia de 30.000 desaparecidos.
La realidad insoslayable indica la falsedad del eslogan numérico repetido a coro por políticos en campaña, payasos televisivos que posan de intransigentes, jóvenes autómatas, cantautores de protesta, comunicadores adoctrinados y por cuanto personaje pretenda simular "compromiso social".
Tanto es así, que ninguna de las variadas investigaciones efectuadas por diversos organismos de derechos humanos consiguió recabar una cifra mayor al 30% de lo pregonado por los sofismas oficiales.
A la postre, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos recopiló 6.000 casos, Amnistía Internacional habla sobre 4.000 desaparecidos, la OEA tiene documentación de 5.000, en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, se señalaron sólo 1.377; el primer informe de la Conadep estimaba en 8.961 los desaparecidos, aunque luego la cifra sería reducida, por escandalosos casos de personajes públicos que, estando vivos, engrosaban el anexo rápidamente quitado de circulación (el juez Alberto Humberto Meade, el actual procurador general de la Nación, Dr. Esteban Righi, y la integrante de la Corte Suprema de Justicia Dra. Carmen Argibay constituyen sólo algunos ejemplos de tamaña tomada de pelo).
El guarismo actual y presuntamente depurado contabiliza 7.954 denuncias de desapariciones de personas, aunque gran parte de ellas no son acompañadas por información elemental, como DNI, LE o, incluso, apellido, lo que pone en duda su credibilidad. Según investigaciones realizadas por el escritor Nicolás Márquez, sólo 4.905 denuncias presentan DNI o LE (1).
Otras fuentes, todas disonantes entre sí, pero ninguna cercana a los publicitados e hiperinflados 30.000, evidencian la falsedad del mito en cuestión. Alfonsín, al respecto, diría que los desaparecidos "apenas superan los 10.000" (2). El Dr. Hilario Fernández Long, miembro de la Conadep y familiar de guerrilleros, declaró la cifra de 8.426 (3). El senado de España sostuvo que el número es de 7.000 (4). "The New York Times" informó de "sólo 6.000, en forma dudosa, por la falta de seriedad y credibilidad" (5).
Habiendo datos documentados, es dable interrogarse ¿por qué la insistencia de imponer una cifra probadamente ficticia? Sencillamente, porque hablar de 30.000 desaparecidos genera efectos propagandísticos mayores que hablar de 7.954, 5.000 o uno solo. Al respecto, bien podemos trasladar una frase que fuera utilizada con frecuencia por los terroristas subversivos en los años 70, que rezaba "cuanto peor, mejor", a la praxis actual de sus familiares y militantes setentistas: cuanto peor el número de desaparecidos en términos de cantidad de víctimas, mejor los resultados del marketing.
Cabe aclarar que la práctica de la desaparición de personas, diagramada e implementada por el gobierno constitucional peronista y continuada por el gobierno cívico-militar, es, de suyo, reprochable. Empero, falsificar la verdad de estos lamentables sucesos no es sino incidir sobre la memoria de los mismísimos damnificados. En este sentido, el ex guerrillero Martín Caparrós escribiría que "falsear la historia es lo peor que se les puede hacer a sus protagonistas: una forma de volver a desaparecer a los desaparecidos" (6).
Lo que aquí queda demostrado, al certificarse la falsedad de los dígitos del eslogan setentista, no es que 8.000 desaparecidos sean menos condenables que 30.000, sino que las organizaciones de derechos humanos, sus militantes e, incluso, sectores del mismísimo Estado mienten a sabiendas, descarada e impunemente.
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Fuentes:
(1) Márquez, Nicolás. La mentira oficial. 3ª ed. Buenos Aires, edición del autor, 2008, p. 216.
(2) "Clarín". 23 de enero de 1984.
(3) "Crónica". 27 de marzo de 1984.
(4) Rojas, Guillermo. 30.000 desaparecidos. Realidad, mito y dogma . Buenos Aires, Santiago Apóstol, 2003, p. 379.
(5) Idem, p. 380.
(6) "Crítica". 25 de julio de 2008.
