Domingo 18 de marzo de 2007
Una característica común a muchos argentinos es la permanente búsqueda de la fórmula para soslayar el cumplimiento de las leyes, y los cordobeses, por supuesto, no escaparían a esta regla.
Constantemente, cuando las normas creadas para beneficio de la comunidad en general no les conviene a algunos pocos, o como sería en este caso, a algunos empresarios del rubro inmobiliario que desde hace tiempo han sentido la rigurosidad del control, la inspección permanente por parte del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Córdoba, la salida que se busca es la de siempre: “Romper”, y armar las cosas a medida para tener el manejo discrecional de la situación.
Hace pocos días se ha presentado en la Legislatura de Córdoba un proyecto para crear el Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios, lo cual supone la división del actual Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos, algo que obligaría virtualmente a quienes están colegiados en él a tener que optar por uno o por otro colegio, para de esta forma tener que ejercer media profesión sólo por ser víctimas de un tironeo en donde quienes no resultaron electos en la última elección, habrían tomado la iniciativa de este atajo para escapar al riguroso control disciplinario del que vendrían siendo objeto.
La profesión, según título habilitante por todas las universidades que lo otorgan, es la de “Martillero y Corredor Público”. Me pregunto, entonces: ¿por qué un grupo reducido pero con buenas conexiones políticas puede atropellar al resto de sus colegas vedándoles el ejercicio pleno de su profesión?, ya que como lo establece el que sería el Artículo 4º inciso A del proyecto, “no podrán ejercer la profesión de Corredor Público Inmobiliario los que ejerzan de modo regular y permanente otra profesión o cargo” (léase los Martilleros). ¿Cuándo la Ley será acatada por todos, incluso por los grandes grupos? Estaríamos frente a un nuevo embate de algunos empresarios que, anteponiendo como siempre sus propios intereses, pretenden otorgar matrícula por un título que no existe, nivelando hacia abajo porque a menor jerarquización de la profesión mayor impunidad para actuar. ¡Qué distinto sería si se hubiera propuesto la especialidad post universitaria para elevar la profesión! ¿Tendremos en el futuro cirujanos que no tengan el título de médico?, ¿o penalistas que no sean abogados? Parece ridículo pero eso es lo que quieren hacer con nuestra profesión, un verdadero mamarracho...
Gustavo J. García
Martillero y Corredor Público
Fuente: http://www.eldiariocba.com.ar
