LA IMPORTANCIA DE LA DIVISION DE LOS PODERES. Por Jorge Sobisch
La organización política del país está basada en la división republicana de poderes: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Poder Legislativo hace las leyes que nos organizan como comunidad. El Judicial vigila y aplica estas leyes, resolviendo las situaciones en las que se establecen conflictos con lo que las normas establecen. El Ejecutivo gobierna, gestiona, produciendo las transformaciones necesarias para progresar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en el contexto de las leyes.
Cada poder es independiente de los otros. Es obvio que esta circunstancia clave no se ha respetado en muchas ocasiones. La práctica de la política en el país ha confundido roles y difuminado responsabilidades. La República se debilita cada vez que esto sucede.
Cada vez que el Legislativo pretende gobernar, se equivoca. Cada vez que el Ejecutivo pretende dictar normas, se equivoca. Cada vez que la Justicia no cumple con el control y la aplicación de la ley, no cumple su cometido.
Pero esto no es parte de un manual, ni de un apéndice de lo que debe hacer un buen gobierno. Es parte sustancial de un proyecto político, el que necesitamos los argentinos. Basado en la Constitución, que establece claramente los deberes y responsabilidades de cada Poder de la República.
Hemos visto como cada vez que el Congreso resiste alguna política del Ejecutivo, se opta por los decretos. En forma creciente, los titulares del Poder Ejecutivo de los últimos años han recurrido a los decretos para suplir lo que deben establecer las leyes, sancionadas como corresponde por el Parlamento.
Hemos visto también claramente cómo el Congreso muchas veces se ha transformado en una máquina ineficiente, por una actitud mezquina que prefiere no trabajar, no hacer leyes, con tal de que al Ejecutivo de turno le vaya mal, para que fracase y se imponga otro partido en las próximas elecciones.
El problema no se resuelve acudiendo a las trampas, a los vacíos legales o al autoritarismo: se resuelve con actitud política, con más democracia para alimentar la eficacia de la democracia.
En Neuquén, como en tantas otras provincias, había una Legislatura organizada por el principio de la mal llamada "gobernabilidad". La Constitución, nacida en tiempos con menor cantidad de partidos políticos en la democracia, indicaba que el parlamento provincial se integraría con el sistema de mayoría simple: el que ganaba las elecciones, se quedaba con la mayoría de las bancas. Esto daba un resultado muy simple: el oficialismo siempre tenía la mayoría, con lo cual lo único que había que hacer era votar y ganar, mecánicamente. La otra consecuencia era que si había partidos minoritarios, nunca alcanzaban a integrar la Legislatura: estaban condenados a no tener representantes en el Parlamento.
Durante mi primer mandato como gobernador, propusimos y logramos una enmienda constitucional. Porque a la Constitución hay que respetarla de tal manera, que cuando vemos que contiene algo que ha quedado superado por el tiempo, por la natural evolución de las instituciones, debemos cambiarlo. El otro camino es dejar de respetar la carta magna, y esto sólo puede traer caos y anarquía.
A través de la enmienda constitucional, se modificó la forma de elección y la integración de la Legislatura. Quedó fijado el mecanismo proporcional D'Hont, que asegura incorporar como representantes de los ciudadanos en el parlamento también a las fuerzas minoritarias, las que obtienen menos votos.
Conseguimos de esta manera una mejor democracia republicana, que reforzamos otorgando la autarquía del Poder Legislativo: a partir de esa medida, tuvo su propio presupuesto y la total soberanía sobre él. Avanzamos así en dos cuestiones clave: asegurar mayor representación parlamentaria, para tener una Legislatura pluralista; y consolidar la efectiva división de Poderes, con la autarquía presupuestaria.
Lo mismo se hizo después con el Poder Judicial: se le otorgó también la autarquía presupuestaria, por la misma razón.
Pero no nos quedamos ahí. También establecimos, mediante una ley de coparticipación provincial de impuestos, el reparto automático del dinero proveniente de los impuestos nacionales, provinciales, y de las regalías, a los municipios.
De esta manera se consolidó la autarquía de los municipios, y estos a su vez pudieron organizar sus administraciones comunales con el mismo principio de división de poderes. La descentralización en el reparto de los recursos económicos es un aspecto clave para asegurar un buen gobierno republicano.
¡Cuántas cosas cambiarían en el país si se respetara la división de poderes y la autonomía de las provincias!
Imaginemos un país donde en lugar del reparto de subsidios y ATN para mantener subordinados a gobernadores e intendentes al poder de turno, se realizara un reparto automático de los ingresos del Estado mediante una ley de coparticipación adecuada, pensada en función de la actual desigualdad entre regiones, con mecanismos de incentivos para desarrollar lo que esté más atrasado y perfeccionar lo que más avanzado esté.
Esta sola circunstancia originaría lo que ya pudimos ver en Neuquén: desarrollo de economías regionales fuertes, con diversidad de producción; instituciones fortalecidas; surgimiento de dirigentes políticos nuevos por liderazgos obtenidos gracias a buenas gestiones de gobierno; acceso igualitario a los servicios básicos de infraestructura y a los de Educación, Seguridad y Salud.
Es decir, nuestro Equilibrio Económico Sustentable, que es consecuencia de un proyecto político, no de una mera ecuación matemática.
Cada vez que el Legislativo pretende gobernar, se equivoca. Cada vez que el Ejecutivo pretende dictar normas, se equivoca. Cada vez que la Justicia no cumple con el control y la aplicación de la ley, no cumple su cometido.
Pero esto no es parte de un manual, ni de un apéndice de lo que debe hacer un buen gobierno. Es parte sustancial de un proyecto político, el que necesitamos los argentinos. Basado en la Constitución, que establece claramente los deberes y responsabilidades de cada Poder de la República.
Hemos visto como cada vez que el Congreso resiste alguna política del Ejecutivo, se opta por los decretos. En forma creciente, los titulares del Poder Ejecutivo de los últimos años han recurrido a los decretos para suplir lo que deben establecer las leyes, sancionadas como corresponde por el Parlamento.
Hemos visto también claramente cómo el Congreso muchas veces se ha transformado en una máquina ineficiente, por una actitud mezquina que prefiere no trabajar, no hacer leyes, con tal de que al Ejecutivo de turno le vaya mal, para que fracase y se imponga otro partido en las próximas elecciones.
El problema no se resuelve acudiendo a las trampas, a los vacíos legales o al autoritarismo: se resuelve con actitud política, con más democracia para alimentar la eficacia de la democracia.
En Neuquén, como en tantas otras provincias, había una Legislatura organizada por el principio de la mal llamada "gobernabilidad". La Constitución, nacida en tiempos con menor cantidad de partidos políticos en la democracia, indicaba que el parlamento provincial se integraría con el sistema de mayoría simple: el que ganaba las elecciones, se quedaba con la mayoría de las bancas. Esto daba un resultado muy simple: el oficialismo siempre tenía la mayoría, con lo cual lo único que había que hacer era votar y ganar, mecánicamente. La otra consecuencia era que si había partidos minoritarios, nunca alcanzaban a integrar la Legislatura: estaban condenados a no tener representantes en el Parlamento.
Durante mi primer mandato como gobernador, propusimos y logramos una enmienda constitucional. Porque a la Constitución hay que respetarla de tal manera, que cuando vemos que contiene algo que ha quedado superado por el tiempo, por la natural evolución de las instituciones, debemos cambiarlo. El otro camino es dejar de respetar la carta magna, y esto sólo puede traer caos y anarquía.
A través de la enmienda constitucional, se modificó la forma de elección y la integración de la Legislatura. Quedó fijado el mecanismo proporcional D'Hont, que asegura incorporar como representantes de los ciudadanos en el parlamento también a las fuerzas minoritarias, las que obtienen menos votos.
Conseguimos de esta manera una mejor democracia republicana, que reforzamos otorgando la autarquía del Poder Legislativo: a partir de esa medida, tuvo su propio presupuesto y la total soberanía sobre él. Avanzamos así en dos cuestiones clave: asegurar mayor representación parlamentaria, para tener una Legislatura pluralista; y consolidar la efectiva división de Poderes, con la autarquía presupuestaria.
Lo mismo se hizo después con el Poder Judicial: se le otorgó también la autarquía presupuestaria, por la misma razón.
Pero no nos quedamos ahí. También establecimos, mediante una ley de coparticipación provincial de impuestos, el reparto automático del dinero proveniente de los impuestos nacionales, provinciales, y de las regalías, a los municipios.
De esta manera se consolidó la autarquía de los municipios, y estos a su vez pudieron organizar sus administraciones comunales con el mismo principio de división de poderes. La descentralización en el reparto de los recursos económicos es un aspecto clave para asegurar un buen gobierno republicano.
¡Cuántas cosas cambiarían en el país si se respetara la división de poderes y la autonomía de las provincias!
Imaginemos un país donde en lugar del reparto de subsidios y ATN para mantener subordinados a gobernadores e intendentes al poder de turno, se realizara un reparto automático de los ingresos del Estado mediante una ley de coparticipación adecuada, pensada en función de la actual desigualdad entre regiones, con mecanismos de incentivos para desarrollar lo que esté más atrasado y perfeccionar lo que más avanzado esté.
Esta sola circunstancia originaría lo que ya pudimos ver en Neuquén: desarrollo de economías regionales fuertes, con diversidad de producción; instituciones fortalecidas; surgimiento de dirigentes políticos nuevos por liderazgos obtenidos gracias a buenas gestiones de gobierno; acceso igualitario a los servicios básicos de infraestructura y a los de Educación, Seguridad y Salud.
Es decir, nuestro Equilibrio Económico Sustentable, que es consecuencia de un proyecto político, no de una mera ecuación matemática.
Fuente: Prensa Federal
